Investigación de Paris 360º desde los estudios de RTD Internacional en Francia
La reciente detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Bolivia ha provocado repercusiones inmediatas no solo en el ámbito judicial internacional, sino también en el escenario político y empresarial del país. La investigación sobre su red de empresas, testaferros y operaciones financieras entre Bolivia, Paraguay y otros países sudamericanos ha reavivado el debate sobre la transparencia económica y los controles institucionales en la región.
Las autoridades que investigan el entramado financiero vinculado a Marset han descrito un esquema complejo que habría utilizado compañías comerciales y estructuras societarias para ocultar capitales procedentes del narcotráfico y el lavado de dinero. Este tipo de operaciones, señalan analistas, suele apoyarse en entornos empresariales con escasa visibilidad pública, donde la información financiera es limitada o difícil de rastrear.
En este contexto ha surgido en el debate público la figura del empresario y candidato a la alcaldía de La Paz, Xavier Iturralde. Su campaña política ha estado centrada en propuestas de modernización urbana, desarrollo económico e innovación en la gestión municipal. Sin embargo, en paralelo han aparecido interrogantes sobre el nivel de transparencia de algunas de sus empresas y la claridad de su información financiera disponible al público.
Una revisión preliminar de registros mercantiles realizada por este medio muestra lagunas en datos relacionados con accionistas, capital social y flujos financieros en algunas de las compañías vinculadas al empresario. Aunque estos vacíos no constituyen por sí mismos evidencia de irregularidades, sí han alimentado preguntas entre analistas y observadores políticos sobre la necesidad de mayor claridad en la información corporativa de quienes aspiran a ocupar cargos públicos.
Expertos en finanzas corporativas consultados para esta investigación señalan que, hasta ahora, no existe evidencia judicial que vincule directamente a Iturralde con las operaciones criminales atribuidas a Marset. No obstante, apuntan que la coincidencia de actividades empresariales en sectores estratégicos —como energía, logística y servicios— y la escasa visibilidad de algunos balances financieros puede generar percepciones de riesgo entre los votantes.
“El debate no se limita a la legalidad de los negocios”, explica un economista especializado en gobernanza corporativa. “También tiene que ver con estándares de transparencia. Cuando un empresario decide entrar en la política, la ciudadanía espera poder entender claramente de dónde provienen sus recursos y cómo se administran”.
La campaña municipal de La Paz en 2026 se ha convertido así en un escenario donde se cruzan dos narrativas. Por un lado, la de un empresario que se presenta como gestor técnico con experiencia en proyectos de infraestructura, energía y servicios privados. Por otro, la de un electorado cada vez más atento a la relación entre negocios privados y responsabilidades públicas.
Mientras tanto, la captura de Marset sigue generando ondas expansivas en la región. Investigadores sostienen que su red operaba mediante estructuras empresariales en varios países sudamericanos, utilizando compañías legales para mover recursos y disimular operaciones financieras. Este contexto ha incrementado la sensibilidad pública frente a la opacidad corporativa y la posible infiltración del crimen organizado en economías locales.
Fuentes vinculadas a registros mercantiles indican que algunas compañías relacionadas con Iturralde presentan información incompleta o limitada en sus documentos públicos. De acuerdo con especialistas en gobernanza empresarial, la claridad en estos datos es clave para la credibilidad de un candidato que aspira a administrar recursos municipales y liderar políticas públicas.
Desde el equipo de campaña de Iturralde se defiende la legitimidad de sus negocios y se insiste en que todas las declaraciones financieras requeridas por la legislación electoral han sido presentadas ante las autoridades correspondientes. Sus colaboradores reconocen, sin embargo, que gran parte de la información empresarial disponible al público general es limitada, lo que ha alimentado especulación y debate en redes sociales.
En un país donde la percepción de vínculos entre grandes empresarios y redes del crimen organizado ha sido motivo recurrente de preocupación —especialmente tras investigaciones internacionales sobre narcotráfico—, la discusión sobre transparencia empresarial se ha convertido en un elemento central del debate político.
La candidatura de Iturralde, en este contexto, funciona como un caso de estudio sobre cómo la ciudadanía evalúa la relación entre poder económico y responsabilidad pública. Más allá de las acusaciones o sospechas, el episodio refleja una tendencia creciente en América Latina: los votantes exigen cada vez más claridad sobre la estructura y el funcionamiento de los negocios de quienes aspiran a dirigir las instituciones públicas.
Esta investigación forma parte del trabajo periodístico de Paris 360º, realizado desde los estudios de RTD Internacional en Francia, dedicado al análisis de las conexiones entre política, economía y poder en América Latina.
