En el fragor de la campaña electoral de 2026, la figura de Jaime Raúl Salamanca ex presidente de la Cámara de Representantes y hoy candidato con considerable influencia en Boyacá ha reavivado el escrutinio sobre la intersección entre política regional y medios de comunicación, tras la vinculación en la corporación de un grupo de comunicadores originarios de ese departamento.
Durante su gestión al frente de la Cámara, Salamanca impulsó la llegada de periodistas boyacenses a cargos clave dentro de la Oficina de Comunicaciones y el noticiero institucional: Rosana Cabas, con amplia trayectoria en medios locales; Jorge Torres, designado director del noticiero #NCR; y los comunicadores Adriana Villamil, Ángela Merchán, Lilibeth Leal, César Reyes, Zulma Pulido, John Fabio Mesa, Luis Carlos Díaz y Alexandra Bohórquez, además de contar con el apoyo de María y José Bello, vinculadas a la gestión comunicativa de la Cámara.
Esta concentración de profesionales de Boyacá en roles mediáticos institucionales ha generado debate sobre si dicha red de allegados fortalece legítimamente la representación regional o si alimenta un complejo entramado de influencia que incide en la percepción pública y en la oferta informativa local en un momento en que Salamanca busca consolidar su base electoral en el departamento.
El equipo boyacense de la Oficina de Comunicaciones de la Cámara incluyó a profesionales con trayectorias diversas y consolidadas en la región. Rosana Cabas aportó más de 20 años de experiencia en radios locales y espacios informativos regionales incluyendo a RCN radio, mientras Jorge Miguel Torres Cabra, oriundo de Tunja, acumulaba casi cuatro décadas en medios audiovisuales, trabajando como corresponsal para Canal El Tiempo, Boyacá Sie7e Días, Enlace Trece y Radio Visión Noticias.
Otros periodistas con raíces boyacenses que formaron parte del equipo incluyen a Adriana Villamil, quien había trabajado en la Dirección de Turismo de Boyacá y el periodico Boyacá Siete Dìas, y Ángela Merchán, vinculada a la radiodifusión en la Gobernaciòn de Boyacà antes de asumir la emisora institucional de la Cámara. La nómina se completa con Lilibeth Leal, César Reyes, Zulma Pulido, John Fabio Mesa, Luis Carlos Díaz, Alexandra Bohórquez y María José Bello, quienes aportaron experiencia en medios regionales, comunicación institucional y gestión de prensa en Boyacá.
La concentración de periodistas boyacenses en roles mediáticos institucionales no es un fenómeno aislado. Según analistas locales, esta estrategia permitió a Salamanca fortalecer su red de influencia en los medios del departamento, un recurso que hoy juega un papel significativo en su campaña electoral.
La presencia de estos profesionales en la comunicación oficial del Congreso ha generado interrogantes sobre la línea entre representación regional legítima y consolidación de una red de influencia mediática que pueda favorecer ciertos intereses políticos y electorales.
En el centro político de Boyacá, un flujo de millones en pauta publicitaria estatal y comunicación institucional ha transformado más que los mensajes oficiales. Ha reconfigurado quién tiene voz y quién no, genera preguntas sobre la posible utilización de recursos públicos para favorecer campañas políticas locales, incluida la del aspirante al Senado Jhon Amaya, hermano del gobernador Carlos Andrés Amaya.
Documentos oficiales del departamento indican que durante 2025 la Gobernación despachó cifras de inversión en publicidad que superan los mil setecientos millones de pesos, repartidos entre más de 130 contratos con medios locales, comunitarios y regionales.
Sin embargo en esta investigación aparece adicionalmente a estos 1.700 millones otro contrato por aproximadamente 2.200 millones de pesos catalogado como fortalecimiento de la difusión en medios, aunque sin que los registros abiertos identifiquen quién lo adjudicó ni en qué condiciones se firmó, información que legalmente debería estar disponible públicamente.
La falta de claridad no solo contraviene principios de transparencia, sino que permite que el dinero fluya sin que la ciudadanía pueda saber si sirve para informar o para influir, mucho màs cuando la prensa boyacense no investiga, todos comunican lo mismo, el mismo video o boletín institucional lo repiten al mismo tiempo, siguen el libreto y por el contrario desprestigian las fuentes que denuncian la corrupciòn.
En esta ecuación de poder mediático aparece Boyacá 95.6 FM, la emisora pública del departamento, dirigida por Ángela Molina Muñoz bajo la administración actual, un medio con cobertura en más de 100 municipios y canales digitales institucionales. Sin embargo, Angela influyente por su trabajo de años en RCN Tv tambien es casada con Jhon Jairo Niño corresponsal de Caracol Tv. todo queda en casa y por supuesto esta complacencia con cargos le garantiza al gobernador boyacense tener una gran proyecciòn en los medios privados de cobertura nacional.
Más allá de la radiodifusora oficial, Boyacá ha ampliado su red de medios comunitarios y emisoras escolares, y ha impulsado iniciativas como la Convocatoria Departamental de Estímulos para Medios Ciudadanos y Comunitarios, que reparte apoyos de apenas cuatro millones de pesos por proyecto, un contraste marcado contra los contratos millonarios cuya adjudicación real no es transparente.
En medio de esto, fuentes periodísticas que han preferido no identificar explícitamente sus nombres afirman que emisoras comunitarias han recibido presión para transmitir contenido político favorable a la campaña de Jhon Amaya y su lista al Congreso, y que en varias estaciones pequeñas se les ha exigido realizar entrevistas y segmentos que benefician indirectamente a candidatos afines al ejecutivo departamental. Aunque estas voces no han sido formalizadas en denuncias públicas por temor a represalias o pérdida de pauta, la percepción de manipulación existe entre comunicadores locales.
Este escenario contrasta con la Política Pública de Periodismo 2024‑2030 no se sabe porque hasta el 2030 y no con una planeaciòn y vigencia de mayor tiempo, impulsada oficialmente entre comillas “para dignificar la profesión y garantizar la libertad de expresión, financiada con recursos provenientes de los mismos presupuestos que sostienen la pauta institucional” una estrategìa de manipulaciòn que hoy cobra valor en época electoral .
La política contempla estímulos para producción de contenidos y protocolos de protección ante “agresiones”, cuando la mayor agresión es una política pública que busca sepultar el verdadero periodismo con dominio económico.
La dichosa Política Pública de “Periodismo” no aborda con claridad mecanismos para garantizar la independencia de aquellos medios que dependen financieramente del Estado para sobrevivir, que en Boyacá son el 90%.
Lo anterior, sin mencionar que muchos periodistas dicen afirman que se siguen dando contratos a dedo para quienes hacen caso, no cuestionan, no investigan, solo transmiten lo que ordena el gobernador.
Es decir, mientras el gobierno invierte supuestamente en capacitación, estímulos y alianzas, no hay salvaguardias explícitas para separar el dinero del Estado de intereses políticos particulares, así el negocio es redondo.
En un departamento donde la política regional y la gestión pública se entretejen profundamente, el lector debe hacerse una pregunta central ¿si la pauta estatal sirve de verdad para informar o si, en cambio, se ha convertido en una herramienta para moldear narrativas, reforzar la imagen del gobierno en el poder y, en última instancia, consolidar ventajas electorales para figuras políticas estrechamente vinculadas a ese mismo poder?.
En Boyacá, la respuesta a esa pregunta quedará, por ahora, librada tanto a las sombras de los procesos de contratación como a los oídos de una audiencia que empieza a cuestionar si sus emisoras locales son portavoces de información pública o instrumentos de campaña disfrazados de servicio comunitario.
El silencio de la prensa frente a los señalamientos de presunta corrupción con procesos abiertos en la Fiscalía y que rodean a Carlos Amaya no solo es llamativo, sino profundamente alarmante.
A pesar de que estos casos han sido difundidos por medios de cobertura nacional como Revista Cambio, W Radio, Pluralidad Z, El Tercer Canal, Cuestión Pública y La Silla Vacía, no existe un seguimiento serio ni una presión periodística sostenida que obligue a dar explicaciones claras al país.
Este actuar colectivo de medios regionales alimenta la sospecha de que no se trata de simple omisión, sino de la acción de una mafia de corrupción que compra silencios con dinero, debilitando el papel del periodismo como vigilante del poder y dejando a la ciudadanía a oscuras frente a asuntos que afectan directamente la democracia.
