El Perú atraviesa un momento crítico. Las cifras de criminalidad se han disparado: sicariato, extorsiones, trata de personas, redes criminales extranjeras posicionadas en ciudades estratégicas y un sistema policial sobrepasado. La violencia ya no es una amenaza: es una presencia cotidiana que ha tomado nuestras calles, mercados, colegios y rutas internas.Y en medio de este país que arde, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos encuentra nuevamente ante una realidad cruda: la violencia contra las mujeres no ha disminuido; ha aumentado.
¿Por qué ya no se habla de ella si las cifras crecen?
Porque, aunque suene brutal, la violencia contra las mujeres se ha vuelto menos “noticiosa” que las granadas, los asesinatos por encargo y la brutalidad del crimen organizado. La violencia doméstica no desapareció: simplemente fue silenciada por una violencia más ruidosa y espectacular. Pero eso no la hace menos grave. Ni menos urgente.
- La violencia en el Perú es integral: las calles y los hogares están conectados
La violencia criminal y la violencia contra la mujer no son fenómenos aislados.
Son parte de la misma degradación social.
Un país que tolera sicarios en las esquinas, tolera agresores en los hogares.
Un Estado que permite extorsiones masivas, permite también que miles de mujeres sean golpeadas,
acosadas, silenciadas o asesinadas.
Esta relación está ampliamente documentada por organismos internacionales. La CEDAW, el Comité
de Derechos Humanos de la ONU, la Convención de Belém do Pará, la FAO, la OMS y la teoría del
“entorno violento” coinciden: las sociedades con alta criminalidad incrementan la violencia
intrafamiliar y de género. - El marco normativo peruano es claro… pero insuficiente frente a la impunidad
El Perú cuenta con una normativa robusta:
Ley 30364: Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los
integrantes del grupo familiar.
Código Penal: artículos agravados por feminicidio, tentativa, violencia sexual, lesiones
graves, amenazas y coacción.
Ley 27942: Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual.
Ley 29719 y modificatorias: violencia escolar.
Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos (ONU).
Convención de Belém do Pará, ratificada por el Perú.
Sobre el papel, el país tiene uno de los marcos legales más completos de la región.
Pero la impunidad es más fuerte. La falta de operadores especializados es más fuerte.
Y la crisis moral del país —esa que nadie quiere nombrar— es más fuerte todavía.
- Lo que nadie quiere decir: también existe la violencia contra la verdad
En esta lucha necesaria y urgente, hay una línea ética que el Perú debe defender:
la protección de los derechos de las mujeres no puede usarse para encubrir delitos, justificar
inmoralidades o manipular procesos judiciales.
Las normas internacionales y nacionales son claras:
La violencia real debe ser protegida con firmeza.
Pero la denuncia falsa o instrumentalizada constituye una violación al debido proceso,
atenta contra la justicia y revictimiza a quienes sí luchan por sobrevivir.
Pretender esconder bajo el discurso de “violencia” problemas de infidelidad, irresponsabilidad
personal, negligencias, conflictos económicos o delitos reales es una afrenta a la causa de millones de
mujeres que sí sufren agresiones.
La Convención de Belém do Pará exige actuar “con debida diligencia reforzada”, pero también
demanda veracidad, rigor y protección del Estado de derecho. Y la Ley 30364 —aunque
protectora— funciona dentro del marco del debido proceso constitucional.
El Perú no puede permitir que ninguna mujer sea violentada. Pero tampoco que ninguna persona use
la violencia como excusa para encubrir lo inexcusable. - Ad portas de las elecciones, el país debe decidir qué es seguridad y qué es dignidad
Hoy, en pleno proceso preelectoral, los discursos se saturan de promesas de mano dura, patrullaje,
cámaras, armamento y militarización. Todo necesario, sí. Pero incompleto.
No existe seguridad ciudadana sin seguridad para las mujeres. No existe orden público cuando el
hogar sigue siendo un campo de batalla. No existe Estado fuerte si permite que la violencia íntima
continúe destruyendo vidas.
La seguridad no es solo un tema policial. Es un tema de coherencia moral, institucional y cultural. - ¿Qué debe exigir hoy el Perú?
- Justicia rápida y con enfoque especializado.
- Coordinación real entre Policía, Fiscalía, Poder Judicial y MIMP.
- Educación en valores, corresponsabilidad familiar y masculinidades sanas.
- Tolerancia cero a la corrupción que frena denuncias y compra voluntades.
- Protección verdadera para las víctimas y sanción firme a quienes instrumentalizan la
violencia.
Este 25 de noviembre, el Perú debe decir una verdad que duele… pero libera
La violencia contra las mujeres sí existe. Sí mata. Sí destruye. Sí necesita atención urgente.
Pero también: la mentira, la impunidad y la manipulación hieren con igual profundidad a nuestra
sociedad.
El Perú no saldrá de esta crisis si normaliza cualquier forma de violencia —criminal, doméstica o moral— como si fueran parte inevitable de nuestra cultura. La solución empieza donde empieza la dignidad: en la verdad, en la justicia y en el valor de mirarnos sin excusas. Porque ninguna mujer debe ser violentada. Y ninguna persona debe usar la violencia para justificar lo injustificable. El país que queremos —seguro, justo y humano— se construye con integridad o no se construye.
Escrito por: Karin Ramírez Figueroa
Directora del Centro de Política Familiar
Abogada, investigadora y docente
